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Síntesis de la iniciativa de reforma constitucional en materia de derecho al desarrollo, ciencia, tecnología, telecomunicaciones, derechos digitales, desarrollo nacional y su planeación:

  • La iniciativa se centra en el derecho al desarrollo humano, económico, social y cultural de todas las personas.
  • El derecho a la conectividad y los derechos digitales potencian el desarrollo integral de la población, y coadyuvan al abatimiento de las desigualdades. Además, es claro que facilitan la satisfacción de otros derechos humanos: salud, educación, trabajo, libertad de empresa, libertad de expresión, acceso transparente y oportuno a la información pública, y rendición de cuentas, entre otros.
  • Resulta urgente la creación de una sociedad del aprendizaje para la construcción del conocimiento que genere innovación aplicable a la realidad social, económica y cultural del país.
  • Por ello es necesario sustituir el obsoleto modelo de medición del crecimiento económico basado en la acumulación de capital y la disponibilidad de recursos naturales, en su mayoría no renovables.
  • La construcción de un auténtico desarrollo integral y sostenible se cimienta en seis pilares imprescindibles:
    • Infraestructura y redes de telecomunicaciones
    • El sistema energético nacional.
    • El modelo económico productivo.
    • El sistema financiero.
    • El sistema educativo.
    • Un marco jurídico y regulatorio consistente con, y facilitador, de un desarrollo integral y sostenible.
  • La crisis del sector de las telecomunicaciones, en franco colapso, es producto de la falta de políticas de Estado a largo plazo y de una regulación deficiente (de haber experimentado un crecimiento de su PIB del 31.8% a finales de 2015, para el primer trimestre de 2021 el sector de las telecomunicaciones sufrió una contracción de -5.9%), además de que el regulador ha fallado en la promoción de una competencia efectiva.
  • Se pone énfasis en la importancia del sector de las telecomunicaciones como un eje transversal del desarrollo nacional (crecimiento económico, bienestar social, oportunidades educativas, creación de la sociedad del aprendizaje y la innovación).
  • Resulta indispensable rediseñar instituciones que efectivamente cumplan con políticas transexenales y objetivos de desarrollo sostenible de largo alcance. Por ello se propone sustituir al actual regulador (IFT) por un órgano técnico y ejecutivo, acompañado y vigilado, en todo momento, por los sectores social y privado.
  • Se debe acompañar el logro de la soberanía digital, sin aislarse del entorno global, con una visión sistémica y armónica respecto del nuevo modelo económico y la eficiencia del sistema financiero nacional (ingresos, egresos, banca de desarrollo e instituciones financieras privadas, empezando por las de tecnología financiera -ITF = Fintech).
  • Urge impulsar la innovación científica y tecnológica a partir de inversiones conjuntas público – privada y del sector social, y de una efectiva cooperación internacional, respetuosa de nuestra soberanía.
  • Es fundamental reconocer e incluir a todos los actores del sector de las telecomunicaciones en la deliberación democrática sobre las prioridades del desarrollo nacional integral y sostenible.
  • Se establece que el Derecho al Desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de él. Así, tanto el Derecho al Desarrollo como los derechos digitales son de índole estratégica, mientras que el sector de las telecomunicaciones, así como el de la ciencia y la tecnología son prioritarios para el desarrollo nacional.
  • En consecuencia, se propone la obligación de la Cámara de Diputados de incluir en los Presupuestos de Egresos de cada ejercicio de incluir programas prioritarios de inversión para la investigación, el desarrollo y el despliegue de infraestructura y equipamiento.
  • Producto de la política de inclusión digital universal ordenada en el Artículo 6º. Constitucional, todavía pendiente, debe diseñarse y poner en marcha un Plan Nacional de Banda Ancha.
  • Para que la planeación del desarrollo resulte efectivamente democrática y deliberativa, se debe partir de las necesidades de los municipios y los estados, por lo que se plantea modificar el actual esquema centralista, con el propósito de que las decisiones se tomen de la periferia hacia el centro, con una participación proactiva, responsable y comprometida de todos los sectores.
  • Tanto el sector social como el privado deben incidir en el diseño, la instrumentación, la vigilancia y la evaluación del Plan Nacional de Desarrollo, en los tres órdenes: municipal, estatal y federal.
  • Una planeación efectiva requiere de la construcción de un sistema de democracia participativa en todos los asuntos de la vida cotidiana para la satisfacción de las necesidades básicas de la población. Dicha democracia participativa debe encontrar su origen y su fin último en el municipio libre, espacio natural y más próximo de la convivencia humana, en un plano de igualdad, cuyo propósito primordial debe ser la construcción de capacidades humanas para alcanzar un desarrollo integral y sostenible, con libertad creativa y responsabilidad social-ambiental.